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LAS POSIBILIDADES DE LA REFORMA UNIVERSITARIA



En las páginas anteriores hemos dibujado no sólo la historia de la universidad latinoamericana sino el tipo de universidad que deberíamos tener para enfrentar los retos que el actual momento histórico ha impuesto a nuestras sociedades. Sin embargo, entre lo que debe ser y lo que existe o puede ser hay, distancias que establece la realidad. Hemos afirmado la existencia de una fase de transición hacia una Razón Académica, pero esta apreciación se ha hecho, de alguna manera, desde una posición conscientemente optimista. Como bien señalan Buarque y Abascal, la universidad latinoamericana está en crisis y no existe nada que permita asegurar que se pueda salir de ella. Los componentes esenciales de la universidad pública no están en las condiciones que le permitan a ésta realizar su misión. Desde su origen esta comunidad de maestros y estudiantes que la sociedad occidental ha llamado universitas, ha dependido vitalmente de la calidad de las personas en su seno. Aquí está el corazón de las dificultades: en la universidad latinoamericana no se cuenta ni con los maestros y los estudiantes de calidad que se requiere ni, tampoco, debe añadirse, con las condiciones económicas y sociales que le permitirían realizar bien su misión nacional e histórica. Las circunstancias que han originado esta realidad no son atribuibles solamente a la universidad ni a los universitarios, la crisis de la universidad es también crisis de la sociedad en la que hemos vivido y de nuestro tiempo. Lo que está en el tapete es, al margen de los orígenes de la situación, si es posible recuperar o crear un papel trascendental de la universidad pública en la sociedad con base en las condiciones existentes, o si sus debilidades y descomposición internas en medio de las realidades adversas que estos países tienen impiden que esto sea posible, o hacen que esto sea posible sólo con un precio que la nación no puede pagar. En términos no absolutos: ¿cuánto es posible reformarlas y cuánto requiere la sociedad que sea reformable? Y si no hay correspondencia en la respuesta a esos "cuántos" y, entonces, no es posible recrear la universidad pública: ¿son las universidades privadas la solución?, ¿deberán ser creadas otras instituciones estatales o semiprivadas para abordar los requerimientos nacionales en todos los plazos históricos?

En el contexto bañado por regímenes militares, la Guerra Fría y los sectarismos y ortodoxias ideológicas era difícil convertir las universidades públicas latinoamericanas en verdaderos centros académicos: muchas veces constituían el único lugar para expresar ideas y hacer cultura libremente y organizar la lucha contra la dictadura local; la confusión política e ideológica hacía que las cosas se plantearan en términos distintos a los de progreso académico o no. En muchos lugares las opciones fueron cerrarlas o aplastarlas con la fuerza militar, y en otros ceder ante sus exigencias sin que generaran resultados académicos apropiados. En los años noventa, de cara al siglo xxi, las cosas son distintas. Este nuevo contexto debe cambiar la mentalidad de los universitarios y los grupos dirigentes de la sociedad, en la búsqueda de un consenso nacional a través del funcionamiento democrático que permita la educación superior que reclaman nuestros pueblos. Hoy existen buenas posibilidades para la reforma universitaria en América Latina, pero es imprescindible una mejor conciencia de todos acerca de su misión y la generación de mecanismos precisos que articulen una nueva relación entre universidad y sociedad.

Aparte de los intereses religiosos, la emersión y desarrollo de universidades privadas, respondió al contexto politizado que hemos señalado con todos sus vicios, pero también a la existencia de una gran necesidad social de formación profesional en un ambiente más tranquilo y en plazos rápidos. Estas instituciones han satisfecho grandes necesidades nacionales. El punto medular es si, en el nuevo contexto, éstas deberán ocupar el mismo papel que se les atribuyó o se requiere un replanteamiento consciente por parte de la sociedad que redefina los papeles a seguir.

Pongamos las cosas claras: si la universidad pública no fuera reformable en los términos que requiere el país, éste debería inevitablemente acudir en primera instancia a un fortalecimiento de la universidad privada. Pero, tiene que existir conciencia nacional que una extrema decisión en esa dirección no resultaría tan fácil de realizar con éxito, porque, al mismo tiempo, el país se vería obligado a enfrentar las debilidades que éstas instituciones hoy exhiben y provocar cambios importantes en el funcionamiento de las mismas. Una "privatización" drástica de la educación superior tendría resultados inciertos. Pero si ese fuera el camino a seguir, la sociedad debería, entonces, tratar de conseguir ciertos objetivos en las universidades privadas en torno a varios asuntos: la calidad académica, la democratización académica, la función social de la universidad y la investigación básica y aplicada de calidad. Como lo hemos mencionado antes, la calidad no es lo que predomina en las universidades privadas latinoamericanas, y en estos países necesitamos profesionales de alto nivel. La democratización académica de las privadas se plantearía en varias dimensiones: supondría, por una parte, crear mecanismos para ampliar la presencia de buenos estudiantes de escasos recursos en las universidades privadas (becas, cuotas, préstamos blandos adicionales) y, por otro lado, hacer de la libertad académica una premisa en el escogimiento, la estabilidad y en el trabajo de los profesores (muchas veces la imposición de profesores o de los contenidos de las cátedras ha sido lo común en estas instituciones). Tampoco se puede permitir que no haya oferta de carreras de estudio que no sean rentables económicamente ,pero que cumplan  una función  necesaria para la sociedad. Tareas sociales importantes como el progreso cultural, artístico y educativo de la población, deberían ocupar un lugar en estas instituciones. Además, siendo la investigación básica y aplicada tan fundamental para las estrategias de desarrollo nacional, el Estado debería procurar que los objetivos en estas dimensiones se cumplan. Es evidente que realizar todas estas tareas (formación profesional, carreras no rentables, investigación aplicada, investigación básica y promoción de la cultura en la sociedad) por separado es com­plicado. La mejor opción si las universidades públicas no fueran reformables sería meter todo esto en una universidad privada o en varias (y teniendo claro que en todos los casos siempre se requerirá la participación económica estatal). Pero la orientación que hemos dibujado, a su vez, tampoco sería fácil de realizar en todas partes porque supondría una fuerte intervención estatal en el espacio social de la empresa privada y esto podría poner en tensión a muchos sectores. En síntesis: se trataría de hacer de algunas de las instituciones privadas que hoy existen en estos países lo más parecido a verdaderas universidades, pero es evidente que no sería una tarea desprovista de dificultades.

Si la privatización extrema tampoco resultara viable en un país, por reticencia de la empresa privada o por las limitaciones del ordenamiento jurídico, por ejemplo, la sociedad tendría que invertir en centros especiales con fuerte apoyo estatal que realicen algunas de las tareas mencionadas fragmentadamente (lo que resultaría difícil en las condiciones financieras actuales). Unidades semiprivadas pueden servir sobre todo, aunque siempre parcialmente, en lo que a investigación aplicada se trata, pero con cierta dificultad en la básica. La realidad es muy clara: la imposibilidad de reforma en la universidad pública no sería nada halagüeña para los planes nacionales.

¿Qué se puede esperar que ocurra dadas las actuales condi­ciones de la educación superior en América Latina? Lo más probable que suceda, en los mediano y largo plazos, es que unos países logren la reforma de algunas de sus universidades públicas y también de otras privadas, hasta cierto punto y, también, depen­diendo de los requerimientos nacionales, se vean obligados a apoyar o crear centros especializados de formación y de investigación, de acuerdo con empresas y organismos regionales e internacionales. El asunto debe quedar muy claro: las mayores o menores dificultades con la reconstrucción de su educación su­perior que tenga un país en los próximos 15 o 20 años será decisivo en sus posibilidades de progreso nacional.

Es tan grande el espacio nacional que ha ocupado normalmente la universidad pública en términos de historia, cultura y recursos materiales y humanos que se deben buscar todos los mecanismos para intentar reformarla apropiadamente. El asunto es ¿cómo hacerlo?, ¿cuáles son los instrumentos sociales, políticos o culturales que deben usarse con plena justicia? En lo que sigue, para concluir este ensayo, vamos a sugerir un medio social y nacional que sea reflejo de una nueva relación institucional entre sociedad y universidad y que pueda ser, de paso, posible instrumento para impulsar las reformas necesarias en cada país.

Lo primero que debe establecerse es que una reforma universitaria debe ser esencialmente obra de los mismos universitarios. Violentar el espacio de movimiento y decisión de la comunidad universitaria sería quitarle una de sus principales condiciones de existencia, que afectaría la libertad académica en el sentido más general y las capacidades de crítica y creatividad que requiere su misión. Los fines de la universidad han sido establecidos con base en una escala histórica diferente que no debe ser manoseada por los intereses de los gobiernos de turno, muchas veces preocupados por los asuntos de corto plazo o por la razón no sólo política sino más bien politiquera. Siempre la sociedad debe buscar ganar el consenso interno en la universidad y respetar el tempo y ei tiempo que ésta requiere para realizar sus reformas. La universidad no es ni una fábrica ni un expendio público de alimentos.

La universidad, sin embargo, tampoco es una república independiente, pues - para empezar - depende de los recursos que le suministra la sociedad, y ésta tiene el derecho de establecerle prioridades, sólo que la exigencia debe plantearse en la misma escala que le dio origen a la misión universitaria y no en la escala dictada por la necesidad fiscal de corto plazo o la miopía histórica del Ministro de Hacienda. Hay muchos medios a través de los cuales la sociedad permea la universidad: el mercado profesional, los medios culturales y de comunicación social, las familias de los estudiantes y profesores que forman parte del todo social. Existen, entonces, puntos de referencia y límites sociales, pero están establecidos de maneras bastante indirectas, lo que muchas veces impide un mensaje claro y preciso frente al que responder y dar cuentas. Un país debe dotarse de un mecanismo social que sintetice los reclamos nacionales y los plantee y, si fuera necesario, oriente, fiscalice e incluso ejerza presión sobre estas comunidades, pero que, al mismo tiempo, preserve esencialmente la autonomía universitaria. No puede ser ni un órgano de las universidades ni tampoco del gobierno. Una Junta o Consejo de notables, debidamente institucionalizado y expresión social y nacional, puede ser ese instrumento.94 Para que un Consejo así sea efectivo debe ser estructurado de manera meticulosa al margen de la lucha política partidaria (esto no sería difícil de hacer con un reglamento que defina requisitos, períodos de permanencia de sus miembros, etc.) con representantes de diversos sectores y actividades del país (incluyendo al gobierno y a los universitarios) y con la perspectiva histórica que algo tan trascendental debe tener. Este Consejo de la Educación Superior tampoco debería ser un cuerpo de los rectores o delegados de las universidades; no sería un órgano de los universitarios sino de la nación. Este organismo debería tener una amplia base legal que le permita actuar en todo el espacio ocupado por la educación superior, teniendo incluso, las posibilidades legales y materiales, bajo instrucción y respaldo legislativo, para intervenir, si fuera necesario, directamente en una comunidad universitaria. Pero si su intervención fuese requerida, ésta sólo debería ejercerse en las dimensiones más amplias de la institución procurando siempre en lo posible el mayor consenso (por ejemplo: no debería intervenir en la organización y representación políticas ni en la realización precisa de planes ni en la selección del personal, pero sí sobre los planes de largo plazo, prioridades académicas, grandes asuntos administrativos y aquelíos de corrupción administrativa si ésta se encontrara en las principales autoridades de la institución). Lo ideal sería que se provocase una convergencia armónica entre esta Junta y la representación universitaria. En este esquema todas las acciones o medidas de presión que se ejerzan sobre una universidad quedarían en manos de la junta, nunca en las del gobierno de turno (aunque el gobierno deba tener representación en ella). Nuestra idea de Consejo de la Educación Superior no es una instancia administrativa que acredite o no carreras o nuevas instituciones privadas, sino algo más decisivo y trascendente: debe ser el Rector de la Educación Superior Nacional (en países federales y grandes, la estructura escogida obviamente debería tomar en cuenta sus condiciones, estableciendo cuerpos provinciales o regionales). En pocas palabras: ya sea para expresarle directamente a la universidad los reclamos de la sociedad o para ejercer presión sobre ella o para reformarla, un posible mecanismo podría ser un Consejo de Notables con sustento legal, social y nacional. En esta ecuación la universidad preserva su autonomía esencialmente pero también la sociedad se dota de un medio directo y preciso, que no es el gobierno, para trasmitirle a ésta sus reclamos y necesidades. Es claro que no todos los países ni todas las universidades lati­noamericanas tienen el mismo estatuto de autonomía, en varios casos la intrusión gubernamental es ya excesiva; nuestro planteamiento también puede ser útil en esas situaciones (aunque los gobiernos estarían menos dispuestos a ceder algunos de sus espacios de injerencia en la universidad).

Es difícil que una universidad pública no pueda ser reformada en un contexto democrático porque depende mucho del apoyo económico estatal, y los alegatos ideológicos que pudieron tener cierta validez en el pasado ya no encontrarían sustento social y nacional. Aún así no parece que se pueda aplicar una receta general para cada país. Algunas universidades públicas pueden ser reformables y otras no. Y, de igual manera, algunas instituciones privadas se negarán a ser algo más que máquinas de fabricar títulos.

Ya sea para provocar la reforma de la universidad pública, o la de la privada, o la creación de nuevas instituciones, un Consejo de la Educación Superior Nacional, como puente entre la sociedad y la universidad, constituiría un valioso instrumento para echar a andar los planes que se requiere de la universidad. Este cuerpo desde ahora podría regir un sistema universitario que, con perspectiva de largo plazo, establezca regulaciones básicas mínimas en cuanto a la calidad y las condiciones apropiadas de labor (estabilidad y calidad académica del claustro, infraestructura adecuada, etc.) que permitan proteger a la población, pero, además, que asigne recursos y estímulos estatales a las instituciones, públicas o privadas, que cumplan con los objetivos y fines establecidos y no apoye a las que no cumplan con ellos. Este Consejo sería el mecanismo nacional para promover, en ambos tipos de institución, verdaderas universidades de frente al siglo xx y orientar la definición de los espacios que deben ocupar las diferentes instituciones de educación superior.

Crear estas nuevas condiciones no es tarea sencilla. Se trata de transformar la relación entre universidad y sociedad, entre las mismas universidades y, también, el tejido interno de éstas. Supone, aparte de modificaciones culturales, serios cambios jurídicos - en varios casos, incluso constitucionales - y una comprensión y una voluntad establecidas por encima de las mezquindades gremiales, institucionales o de los prejuicios ideológicos o políticos. No se trata sólo de una simple reforma universitaria, sino de la construcción de un marco institucional, social y nacional diferente. Una transformación así solamente podría tener éxito dentro de un plan histórico dotado del consenso nacional y no sería fácil de lograr, pero lograrlo tal vez represente la diferencia entre el subdesarrollo y el progreso.



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Página Ángel Ruiz