Previo
LOS RETOS
Siguiente



La educación superior en América Latina se ve enfrentada hoy a un doble reto. Por un lado, al reto de hacer de la calidad académica y su mejoramiento su principal estándar; calidad que sólo puede ser contrastable en el orden internacional, lo que obliga a definir con mucha claridad los mecanismos de medición y las acciones destinadas a que las mediciones sean positivas. Pero, avanzaren esto sería insuficiente, porque esa premisa giraría en el vacío si las universidades no logran definir sus nuevas funciones con base en el progreso humano y nacional de los países de que son parte. Es decir, además de la búsqueda y promoción de la verdad, la belleza y la libertad, las universidades tienen responsabilidad central en la fecundación del desarrollo cognoscitivo y tecnológico, cultural en general, que requiere el progreso económico de estas naciones, el avance de la democracia política y social (de las instituciones democráticas) el fortalecimiento de la sociedad civil, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la defensa de un equilibrio ecológico, especialmente, en el robustecimiento individual y colectivo de los valores éticos humanistas.

La estructura académica internacional no está necesariamente en correspondencia con las necesidades del progreso de los países de América Latina, ni de ningún país en particular. La calidad académica es un medio pero también un producto de las condiciones y las posibilidades de desarrollo de una sociedad.70 Por eso: la búsqueda de eficacia y competitividad en ese territorio es vital. La conjunción integrada de estos dos retos implica la definición de fines, objetivos y metas universitarias, en varios plazos, teniendo como fin el progreso nacional a través de un trabajo académico de alta calidad.

Para ir dando fin a nuestro análisis, vamos ahora a establecer nuestras opiniones, de manera sistemática, sobre los principales asuntos planteados a nuestros países en torno a la universidad.

1. La primera premisa es que la universidad constituye un formidable instrumento creado por la humanidad para la producción y transmisión cognoscitivas, para la formación integral de los cuadros humanos dirigentes de la sociedad y para el fomento de la cultura y la expresión artística en los más altos niveles. No es que no existan otros medios, pero no con la eficacia, eficiencia y perspectiva humanista que es casi un axioma de ésta.

2. En segundo lugar: en América Latina, región de países con sociedades civiles débiles económica, política, social y culturalmente,  las universidades tienen una responsabilidad mayor y juegan un papel social más importante y en más dimensiones de la vida nacional que en los países desarrollados. Lo que quiere decir que pueden ser mecanismos sociales decisivos en los planes de progreso social y humano de estos países.

3.  En este sentido, las sociedades latinoamericanas deben entender el carácter de estos instrumentos y generar una inversión nacional sostenida en las mismas, entendiendo, además, que el plazo de su recuperación sólo podrá darse en el tiempo genera­cional. No se puede pretender que los resultados se den en los 4 o 6 años de una administración gubernamental.

4.  Una amplia inversión nacional en las universidades sólo puede provocar los resultados sociales que se desean en la medida que estas instituciones superen  las deficiencias conceptuales, políticas, organizativas, estructurales que han acumulado y abor­den creativa y eficazmente los retos que nos plantea esta época. Lo que quiere decir que una profunda reforma universitaria se ha vuelto imperativa para que la sociedad encuentre sentido y justi­ficación a una inversión nacional de esta naturaleza Aquí debemos ser muy claros: estamos en un contexto histórico de restricción de recursos por parte del Estado; frente a éste no se trata de que la universidad haga ajustes administrativos para tratar de hacer lo mismo con menos dinero - lo que ha sido una respuesta típica del burócrata universitario o gubernamental - sino de hacer un replan­teo completo de sus funciones y de sus planes académicos.71 La mentalidad administrativista de corto plazo, o meramente fiscalista que sólo ve el porcentaje del presupuesto nacional que suponen las universidades públicas, las condenaría y les impediría ser instrumentos de progreso social y nacional. La reforma universitaria debe ser la de sus fines y sus objetivos, y de las condiciones que deben ser modificadas para lograrlos en el nuevo contexto histórico.

5. Al igual que, en la escala más global, estamos en una época de reconstrucción de las relaciones entre Estado y sociedad, es éste un momento histórico de redefinición de las relaciones entre éstas y las universidades. Se debe reconceptualizar entre otras cosas:  la autonomía universitaria, el papel de la universidad privada, las relaciones con la sociedad, la financiación, la estruc­tura en disciplinas de las universidades, la organización política universitaria, la admisión, las prioridades institucionales, el régi­men de docentes e investigadores.

6. La autonomía universitaria es una condición de partida para impedir la intromisión inconveniente de los gobiernos de turno y la corrupción política y social que ello supondría.72 Pero esta autonomía no debe confundirse con una autarquía basada en el dinero de los contribuyentes. De una forma armónica debe existir una coordinación y convergencia de los objetivos de la universidad y los planes nacionales de mediano y largo plazo, más una permanente colaboración en los planes de corto plazo. La universidad estatal tiene que dar cuentas de su quehacer a la sociedad, con cuantificación, sin que por ello sienta mermada su libertad de gestión. Es cierto lo que señala Buarque: "Muchos profesores, a nombre de la autonomía sin compromisos, repudian criterios de evaluación, mecanismos más rígidos de control de carrera y el cobro de resultados reales para la sociedad".73

No se debe manipular la autonomía en beneficio de privile­gios de un grupo social, cuya rentabilidad en el progreso nacional no esté claramente definida, ni en beneficio de intereses políticos o ideológicos. Porque, de lo contrario, puede suceder lo que dice Leopoldo Zea: "¿En nombre de la autonomía acabaremos man­dando al pudridero a nuestras universidades para suplirlas con instituciones privadas que impongan el aprendizaje, como en los largos siglos de la colonia, propio de pueblos que han de ser servidores dóciles?"74

7.  Es necesario generar un sistema de educación superior 75 que de manera integrada, racional, eficiente 76 y armónica permita que las diferentes universidades de un país puedan hacer corres­ponder su quehacer con  los retos académicos del momento histórico. Esto supone definir énfasis, especialidades y un fuerte trabajo de coordinación académica en muchas dimensiones. La Rectoría de este Sistema no tiene que estar necesariamente en manos exclusivas de las universidades.

8.  Este sistema debe incorporar a las universidades privadas. Este es un asunto importante. Durante mucho tiempo se dio un fuerte enfrentamiento entre universidades privadas y públicas, motivada por circunstancias políticas o por sectarismos de ambas partes. Las universidades privadas han llegado a ocupar, 77 por diversas razones un papel importante en la vida académica de América Latina. Ya no sólo como entidades de filiación religiosa 78 (como se dio entre 1930 y 1960) 79 o centros elitistas (entre 1960 y 1970), 80 sino como alternativas reales para numerosos sectores que no encontraron en las universidades estatales, por distintas causas (excesiva politización de las públicas, poca calidad o excesiva duración de las carreras en éstas, etc.) un espacio apropiado para sus expectativas de formación profesional.81 Aún así, éstas nc tienen todavía la trayectoria académica ni las condiciones de infraestructura y base humana 82 (salvo excepciones) que reconocemos en algunas universidades privadas de algunos países desarrollados. El corazón de las dificultades con las instituciones privadas lo ilustra bien Abascal: "Las Universidades privadas crecieron en cantidad de alumnos y en calidad académica, en contraste con las públicas que cayeron en el descrédito, la mediocridad y la burocratización de su funcionamiento interno. El auge de la Universidad privada corrió parejas con el crecimiento de la burocracia y de la industria, pero, salvo honrosas excepciones, no supo conservar la excelencia académica.83 Con base en el consenso y en un marco jurídico apropiado, que establezcan niveles apropiados de calidad académica, se debe establecer prioridades de carreras o de sus niveles de formación, a través de una coordinación entre privadas y públicas (estos pueden ser convenios de colaboración, carreras conjuntas, servicios remunerados de las públicas, etc.). Puede orientarse a que algunas de las carreras o niveles de las mismas sean ofrecidas especialmente por las privadas, dentro de ciertos requisitos y parámetros; con ello se pueden ahorrar los recursos que en esa dirección se invertirían y canalizarlos a otras prioridades, de mayor interés nacional. Respetando el ordenamiento constitucional que fundamenta la iniciativa privada, deben existir mecanismos de fiscalización y de control, más allá de los del mercado laboral, para que no se le de condición de universidad a cualquier cosa. Se debe proteger a la ciudadanía del fraude en la educación superior. Por supuesto, los controles no deben eximirá las estatales. Estas tareas competen a la Rectoría del Sistema Universitario.

Es necesario dejarlo claro, las funciones de la universidad pública se definen en el territorio de la formación integral, de la generación de propuestas creativas y críticas del entorno social y nacional y el de los más amplios planes de desarrollo. Por eso, los criterios de eficiencia y rentabilidad normales en la empresa privada no deben aplicarse frente a estas instituciones sin tomar en cuenta la totalidad. Como bien señala Albornoz: "... la universidad privada puede asumir un papel estrictamente "pragmático", mientras que la autónoma tiene que asumir este papel integral de la universidad, todo lo cual incide sobre su capacidad de eficiencia".84

Existen tareas científicas y académicas que en América Latina las universidades privadas - salvo meritorias excepciones - no han estado en condiciones de llevar a cabo: la investigación de alto calibre, la extensión social y servicios especializados de alto nivel para la producción económica y para el Estado. Por eso, es correcto lo que Albornoz señala: "Los argumentos empleados para destacar las ventajas de la universidad privada, cuando se centran en el criterio de la eficiencia, entonces, son inciertos, pues se alude a problemas distintos, en tanto la universidad autónoma opera con criterios de costo social, mientras que la universidad privada lo hace con criterios de costo beneficio".85

El asunto, puesto en la manera más general, nos lo ilustra Mondolfo con su opinión, externada hace ya más de treinta años: "Tales centros {de pensamiento y de crítica independiente el autor) pueden sólo ser de institución pública, inspirados y dirigidos en su actuación únicamente por la preocupación del bien social y por el anhelo del progreso cultural, por lo tanto animados por la exigencia de la libertad de opinión y discusión. Lo cual no puede verificarse en una universidad privada, en cuanto que ésta puede ser creada y mantenida o por instituciones confesionales y partidarias, que tienen una doctrina oficial obligatoria y buscan esencialmente la propagación de su credo dogmático, o bien por grupos de interés particulares que convierten a la Universidad en una empresa financiera antes que cultural".86 Mondolfo tiene razón, en tanto que estos centros privados no estén sometidos a ciertas egulaciones que provoquen la esencial libertad académica y la dotación de recursos para tareas universitarias de interés social, no necesariamente rentables económicamente, difícilmente podrán ser auténticas universidades.

Este asunto plantea una tensión entre el interés público y la libertad de empresa o la de organización educativa, puesto que ¿cuáles son los límites que posee el Estado para intervenir en unidades privadas?. En nuestra opinión, la tensión debe resolverse en beneficio del interés público, puesto que la educación es el principal medio de progreso individual y colectivo. Debe, sin embargo, buscarse el mayor consenso y la menor ruptura del tejido social a la hora de establecer criterios y requisitos a la universidad privada. Lo que tampoco está claro, por otra parte, es que las universidades públicas sean necesariamente, por definición, esos centros de pensamiento y crítica lúcida a los que hacía referencia Mondolfo, ¿cuántas veces no han estado aprisionadas por dogmas o intereses mezquinos y se han vuelto - como hemos señalado aquí - instituciones inservibles para la nación?.

No sería justo colocar en el mismo saco a todas las universidades privadas ni tampoco a las públicas: las diferencias son muchas en calidad, dinamismo, adecuación social y nacional, infraestructura y crecimiento. Se trata de definir sus espacios de intervención de la forma más amplia, sin dogmatismos, sobre bases académicas serias y sin ceder a los intereses de grupos de presión en las universidades ya sean públicas o privadas. Realizar esta convergencia es una de las principales tareas para la universidad latinoamericana.

9. Las universidades estatales deben formar, sin embargo, su propio subsistema, ya que su estatuto definido por la inversión nacional y por un ordenamiento jurídico distinto así lo exigen. Además, dentro de este sistema estatal es más factible realizar planes de largo plazo, con permanencia y estabilidad.

10. Es mi opinión que el sistema de universidades estatales constituye el marco fundamental donde puede establecerse como prioridad la investigación de alta calidad con estándares internacionales y la formación de los cuadros profesionales de mayor nivel y preparación. Prioridad quiere decir que deben ir destinando un creciente presupuesto y apoyo institucional a esas tareas, hasta llegar a ser lo más importante. Esto supone, por ejemplo, que estas universidades, de manera progresiva, deben ir abandonando tareas de formación media o técnica y una reorientación de sus recursos.

En países con sociedades civiles fuertes, en todas sus dimensiones, es posible que una buena parte de la investigación en ciencias y tecnología pueda realizarse fuera de las universidades o sin mucho contacto con ellas. En América Latina esto es mucho más difícil más allá de la simple transferencia tecnológica (y muchas veces ni siquiera esto).

Por razones distintas, en los años setenta y ochenta, tanto Argentina como Perú vieron un traslado radical de la investigación hacia fuera de las universidades. En el caso de Argentina, debido a una política de "desideologización" que impuso la dictadura. En el caso de Perú, la situación económica tan deteriorada del país hizo que la investigación emigrara a otros centros de investigación privados o estatales.87

En ambos casos, de manera general, se ha tratado de investigación aislada y desarraigada de los procesos de formación profesional y académica, así como, en muchos casos, de los problemas nacionales; los temarios y los objetivos de investigación fueron dados por los entes que la financiaron. Esas experiencias deben permitir sacar lecciones.

11. Aunque con énfasis y especialidades, dentro de un sistema universitario nacional apropiado a las exigencias de la sociedad, cada universidad debe estar dotada de una misión unitaria, integradora de la docencia y la investigación, así como de las ciencias, la tecnología, las artes, los deportes y las letras.

12.  La educación superior estatal es también el lugar natural para una redefinición de la acción de los departamentos que, sin debilitar la especialización y las disciplinas que han sido centrales en la historia del conocimiento occidental, abra su acción hacia la Ínter y multidisciplina.    El interesante planteamiento de la Universidad de Brasilia ha sido, por ejemplo, una "universidad tridimensional"que integra los departamentos, núcleos mutidisciplinarios y núcleos de recreación cultural y deportiva.

13.  Una nueva relación de la universidad con la sociedad supone una estrecha relación directa, no sólo a través de sus graduados, con las empresas privadas, con instituciones estatales y privadas, así como con diversos organismos de la sociedad civil. Las universidades estatales deben ofrecer servicios e investigaciones remunerados usando los precios del mercado profesional, como suelen hacer muchas de las mejores universidades del mundo. Los ingresos obtenidos pueden servir para mejorar las condiciones laborales de los profesores e investigadores y, tam­bién, proporcionar recursos para la institución. Todo esto debe hacerse dentro de límites establecidos que impidan que la universidad se convierta en una empresa de servicios y debilite sus planes de largo plazo y sus fines académicos más elevados.

14. A pesar de la garantía que el Estado y la sociedad tienen que proporcionar en la financiación de la universidad estatal, dentro de un contexto de reducción de los gastos estatales y dentro de la atmósfera económica internacional que existe, la universidad debe buscar mecanismos que le permitan obtener más recursos materiales y económicos y disminuir, en alguna medida, su de­pendencia económica del Estado. Debe tenerse conciencia que, en muchos países de la región, desde los años setenta, el presu­puesto que obtuvieron las universidades estatales   adquirió  dimensiones muy grandes debilitando proporcionalmente el correspondiente a la educación general básica. Esta situación resulta insostenible durante mucho tiempo. Inevitablemente, el presupuesto universitario brindado por el Estado será disminuido, tarde o temprano. Es necesario realizar un serio esfuerzo para la obtención de rentas propias, administradas con la lucidez y la eficiencia que una inversión de capital siempre supone. Aquí se plantea, entonces, un serio dilema: por un lado se le pide a la universidad que responda a los nuevos tiempos y tense su trabajo; y, por otra parte, se ve obligada a una reducción de recursos. Este asunto debe resolverse con los mecanismos más creativos y lúcidos con los que cuenta la universidad, pero también con flexibilidad e inteligencia por parte del Estado y la Sociedad Civil.88

15.  Evidentemente, la respuesta central reside en hacer de la calidad la premisa central del funcionamiento universitario; ex­celencia de los profesores e investigadores, de los estudiantes, así como de los trabajadores administrativos que ésta tenga. La situación empuja hacia universidades más pequeñas, muy selectivas en todos sus niveles y altamente eficientes.

16. El régimen de profesores e investigadores tiene que estructurarse de tal manera que el ingreso al claustro se realice por un proceso de selección basado exclusivamente en el rigor, la calidad y la competitividad académicos. Bien dice Mondolfo: "La elección y estabilidad de los profesores deben ser sustraídas a todo influjo político y estar relacionadas únicamente con las capacidades y los méritos de los candidatos".89 Esto es correcto pero, en lo que se refiere a la estabilidad, es necesario añadir un período previo de prueba. Además: la permanencia y el ascenso en la carrera académica debe hacerse a través de un estatuto de exigencia en el trabajo y de estímulo a la producción de calidad, tanto en la docencia como en la investigación. La evaluación periódica es importante (en Holanda, por ejemplo, en la Universidad de Utrech, se da una autoevaluación con supervisión gubernamental, cada 5 años, con resultados parcialmente públicos).90

Lo anterior nos lleva a un asunto vital: la recuperación del status del profesor universitario es una de las principales tareas por delante, si se quiere revertir el curso de decadencia de la institución universitaria.91 No es lo único importante, pero el crecimiento de los salarios y los estímulos laborales deben ser indefinidos y significativos de acuerdo a la productividad académica debidamente evaluada. La inamovilidad laboral debe darse luego de varias etapas de producción y dedicación a la institución. Al instaurar la exigencia y el estímulo a quien mejor trabaja y produce, la universidad irá generando una nueva estratificación salarial de acuerdo a la calidad académica y no a la posición política, ideológica, o la pertenencia gremial o partidaria.

Los mediocres deberán ver estancada su posición material y laboral.

17.  Por otro lado, además de la diferenciación en el salario por trabajo académico, inevitablemente debe existir un salario diferenciado con relación a los precios con los que el mercado laboral valora el trabajo de algunas áreas profesionales. De lo contrario, en esas áreas y profesiones, la universidad se arriesga a quedarse solamente con los mediocres. Esto se podría hacer a través de complementos especiales debidamente establecidos.

18. Al igual que la exigencia y el estímulo deben servir para mejorar la calidad del claustro de profesores e investigadores, estos criterios deben ser usados con los estudiantes. La admisión debe ser altamente selectiva, con pruebas que determinen la idoneidad de los estudiantes, independientemente de su con­dición socioeconómica. Y la permanencia de los estudiantes en la institución debe estar regida por el criterio del mejor rendimiento académico. La selectividad y la exigencia son decisivas. Pero esto sólo puede ir acompañado de sólidas acciones que doten al estudiante de servicios universitarios y apoyos diversos de manera permanente (bibliotecas disponibles, apoyo personal, consultas, asesoría psicológica y de orientación, becas cuando sea necesario, etc.). La orientación universitaria debe empezar a funcionar varios años antes en las instituciones de secundaria; lo que debe coordi­narse con el sistema educativo en general. Es necesario aspirar a una orientación y una admisión y apoyo que permitan reducir drásticamente la deserción y el fracaso estudiantiles.

19. Debe establecerse un pago diferenciado de la universidad por parte de los estudiantes, en función de sus condiciones socioeconómicas. Quien pueda pagar debe pagar. No se debe pensar, sin embargo, que con estos recursos será posible financiar la institución. Una parte de estos fondos deberían orientarse a fortalecer los servicios estudiantiles, así como el acceso de estudi­antes de menores recursos económicos.

20. Uno de los serios problemas que ha atravesado la universidad latinoamericana es una burocratización ineficiente de los servicios administrativos, que ha enfrentado a profesores y estudiantes muchas veces a la dictadura del empleado de la ventanilla o de la oficina de registro. Con los mecanismos administrativos modernos y las tecnologías existentes, la realidad es que muchos de estos servicios se pueden mejorar extraordinariamente. Una reducción de este tipo de personal es posible. Por otro lado, es necesario crear un sistema de apoyo y estímulo a estos trabajadores así como medios de formación para que asuman una mayor conciencia de la importancia de su trabajo en el conjunto universitario. La administración en todos los niveles debe estar al servicio de la academia.

21.  Otro de los asuntos a resolver es el excesivo tiempo universitario destinado a elecciones de directores, decanos, rec­tores, etc., que se invierte en muchas universidades (hay excepciones). Aunque, con posibilidades de corrección, la frecuencia de estos procesos eleccionarios debería reducirse. Se trata de compatibilizar la esencial participación democrática en los desti­nos de la universidad con el imperativo de disminuir el tiempo y la tensión que involucra el escogimiento de autoridades.

22.  Las relaciones de la universidad con la sociedad se dan en varias dimensiones y a través de varios mecanismos: la gene­ración de graduados, los servicios a empresas e instituciones, las investigaciones sobre temas que coloca la vida nacional, etc. Sin embargo, desde Córdoba se planteó la función de transferir algo de la cultura de las universidades al pueblo y contribuir a la superación cultural de las grandes masas. Aunque, muchas veces, ese ideal fue manipulado para realizar acciones políticas (las llamadas "universidades populares" de obreros y trabajadores, resultaron un fracaso y un mecanismo de filiación política de algunos partidos) la realidad es que se trata de un objetivo válido plenamente. Sin hacer de esto la función central de la universidad, ésta debe asumir tareas en la divulgación del conocimiento, en la proyección literaria y artística, deportiva, ecológica, etc.    Los modernos medios de comunicación proporcionan mecanismos idóneos para realizar algunas de estas tareas. La Universidad de Brasilia, por ejemplo, ha encontrado en la educación a distancia el lugar privilegiado para hacer la extensión. Esto es una buena opción, siempre y cuando no se abandonen o descuiden las prioridades de formación e investigación de alto nivel. Se puede crear una oficina especial para coordinar este tipo de acción, con un marco conceptual apropiado y con la estructura organizativa necesaria, pero debe tenerse cuidado para que esta oficina no devenga un centro de educación superior independiente y aislado. Esta última ha sido la experiencia de Costa Rica que, por razones sociológicas y políticas, creó una universidad estatal a distancia en los años setenta, que pudo ser parte de alguna de las otras universidades que ya existían; se habrían ahorrado costos administrativos y de infraestructura muy grandes. (Por otro lado, el contacto de los "profesores a distancia" con la casa de cultura y el intercambio académico edificante, también tienden a perderse si se da la segregación institucional.)

23.  El compromiso con la educación general básica es esen­cial para el progreso nacional. Es necesario un compromiso de la universidad con la educación primaria y secundaria no sólo para beneficio de la población en general sino también para dotar a la institución de buenos estudiantes.92 La universidad pública debe crear los mecanismos académicos para dirigir la reforma educativa nacional que requieren nuestros países aportando los cuadros humanos, la infraestructura teórica, los curricula y los medios de concertación institucional y nacional que se requieren para cum­plir con esos fines. Es esta una tarea que compete a la universidad como un todo y no sólo a las facultades de educación que en varias latitudes se han alienado del aporte edificante de las disciplinas académicas y profesionales, cayendo muchas veces en visiones y actitudes intelectuales, perjudiciales para una instrucción de cali­dad y una formación cultural sólida de la población.

24. Estamos en una época de cambio, reconceptualizaciones en varios campos de la vida de las naciones y de la búsqueda de dispositivos sociales para promover mejores niveles de progreso humano. Las agendas nacionales tienen muchos temas que enfrentar. Una de las tareas que debe asumir la universidad es la de usar sus especiales recursos humanos y su infraestructura para ofrecer a los dirigentes de la sociedad las diversas opciones a seguir, con base en los mejores argumentos y con las mayores evidencias e información al alcance. Esto plantea la creación de foros, grupos de estudio y seguimiento de problemas globales de interés nacional que, por su naturaleza, deben involucrar la presencia de un amplio espectro de profesionales de distintas formaciones intelectuales.

25. Si bien los ideales bolivarianos de unidad continental han sido siempre un sueño, muchas veces manipulado y fuera de la realidad, existen muchos campos posibles de colaboración entre las naciones latinoamericanas. Para la educación superior es importante el establecimiento de convenios bilaterales o multilat­erales que permitan la generación de redes de trabajo conjunto. Eso empujaría en el sentido de lograr una optimización del trabajo de los recursos humanos altamente capacitados de la región. Sin embargo, por más que ese tipo de convenios y acciones de colaboración se fortalezcan considerablemente entre las universi­dades latinoamericanas, no debe perderse tampoco la perspectiva de que se trata de lograr calidad y competitividad internacionales; por lo que las relaciones con universidades de países desarrollados y de otras latitudes son fundamentales.

26.  Por último, en un mundo que ha hecho del cambio cognoscitivo y el desarrollo tecnológico sus pivotes, es importante que la universidad asuma la responsabilidad de actualización, profundización y adecuación permanente de los profesionales que produce toda la sociedad.

27.  En todo lo anterior se debe tener muy claro que nada de lo que la universidad se plantee como objetivo se podrá realizar si la sociedad, de la que es parte, no reconoce su misión. Hacer que la sociedad acepte y apoye la misión de la universidad es también tarea esencial de la acción universitaria. Como decía Mondolfo: "Es urgente, pues, que se forme una conciencia pública de la misión propia de la Universidad y de sus necesidades imprescindibles, a fin de que las autoridades provean de manera adecuada. Hay que difundir la noción de que la creación progresiva de la cultura que incumbe a la Universidad representa un interés público fundamental para el bien de cada nación y de toda la universidad. Es ésta una parte esencial de política de la cultura para la cual debe luchar con todas sus energías la Universidad".93 Estamos de acuerdo con Mondolfo, además, en la afirmación de una acción política universitaria contrapuesta a la partidaria: la búsqueda de la colaboración entre la misión cultural de la universidad y el entorno social.



Previo
Subir
Siguiente
 
Indice Principal
 
 
Página Ángel Ruiz